¿Es la educación inclusiva una realidad?

“La inclusión es un movimiento orientado a transformar los sistemas educativos para responder a la diversidad del alumnado. Es fundamental para potenciar la igualdad de oportunidades y está relacionado con el acceso, la permanencia, la participación y los logros de todos los estudiantes, con especial énfasis en aquellos que por diferentes razones, están excluidos o en riesgo de ser marginados”. (Unesco, 2011)

Es cierto que la educación inclusiva tiene en la actualidad un gran reconocimiento por parte de los docentes, la sociedad… Sin embargo, siguen sucediendo acontecimientos que lo contradice. Por ejemplo, nos basaremos en los casos de Daniel y Rubén.

Daniel empezó su vida escolar en un colegio ordinario de Palencia en septiembre de 2006, cuando tenía tres años. Un mes después, su tutora observó dificultades de adaptación y pidió una evaluación psicopedagógica a la Junta de Castilla y León. El informe concluyó que el niño padecía un “importante retraso madurativo” y proponía que fuera escolarizado en un centro ordinario que contara con especialista en pedagogía terapéutica, audición y lenguaje, además de un ayudante técnico educativo. Los padres pidieron entonces el traslado, pero a un colegio que no tenía los recursos recomendados en el informe. Pese a ello, consiguieron plaza y allí permaneció Daniel hasta que cumplió cinco años.

En el curso 2008-2009, la tutora de este niño detectó dificultades y pidió una evaluación, que concluyó que el alumno padecía un “trastorno grave del espectro autista”, una “discapacidad psíquica grave”, un “retraso grave del lenguaje” y un “trastorno de déficit de atención con hiperactividad”, por lo que recomendaba una atención individualizada y constante de un profesor en un centro especial.

A partir de ese momento, Daniel no volvió al colegio. Los padres rechazaron la resolución de la Junta de Castilla y León porque entendían que tenían derecho a que su hijo estudiara en un colegio ordinario con los apoyos necesarios para su integración. Mantuvieron al niño en casa y demandaron a la Junta por denegarles su derecho a elegir centro. Pero perdieron: dos sentencias, una de un juzgado de Palencia y otra del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Otro caso similar al de Daniel es el de Rubén, un niño de 14 años con síndrome de Down. Llevaba ocho años estudiando en un colegio público de León cuando la Delegación Provincial de Educación decidió trasladarlo a un centro especial. Sus padres se negaron y el niño lleva tres cursos sin escolarizar. En lugar de eso, acude a sesiones de apoyo y logopedia que suponen unos 500 euros al mes, además de seguir estudiando en casa. Los padres están, como los de Daniel, imputados por un delito de abandono familiar y se encuentran a la espera de que el Tribunal Constitucional acepte su recurso de amparo.

Los casos de Daniel y Rubén plantean cuestiones muy delicadas y difíciles de resolver, ya que gira en torno al derecho a la educación y el derecho a la integración educativa de las personas con discapacidad.